Las principales asociaciones del sector de las apuestas de Brasil han solicitado al Tribunal Supremo Federal (STF) que suspenda la aplicación de la Medida Provisional 1.394/2026 hasta que el Congreso se pronuncie sobre su contenido o el propio tribunal resuelva el fondo del asunto. La Asociación Nacional de Juegos y Loterías (ANJL), el Instituto Brasileño para el Juego Responsable (IBJR) y Anseja trasladaron sus argumentos a la Corte el pasado 3 de noviembre, durante una audiencia en la que cuestionaron la seguridad jurídica de la decisión y sus consecuencias económicas.
El principal motivo de oposición es que la medida, según las asociaciones, interrumpe de forma repentina un proceso de regulación y formalización del mercado que había requerido años de debate legislativo e importantes inversiones empresariales. Las entidades recordaron que cada operador abonó 30 millones de reales brasileños por una licencia de cinco años y advirtieron de que la prohibición dejaría esas cantidades sin posibilidad de reembolso.
Las organizaciones no cuestionaron el planteamiento del juez Luiz Fux de que la Constitución brasileña no reconoce un derecho automático a operar apuestas. Sin embargo, defendieron que cualquier cambio normativo debe respetar los principios de seguridad jurídica, proporcionalidad y compensación, además de valorar sus consecuencias tributarias y económicas.
Las asociaciones alertan del retroceso del mercado regulado
La ANJL sostuvo que más del 60% del mercado se había trasladado a plataformas autorizadas antes de la entrada en vigor de la prohibición. También señaló que los operadores habían desembolsado cerca de 3.000 millones de reales en tasas de licencia y citó datos del Ministerio de Hacienda que reflejarían una caída del 32% en el volumen de apuestas durante los últimos tres meses.
Durante la audiencia, el representante de la asociación calificó el proceso de formalización como un avance que, a su juicio, quedó interrumpido por la nueva medida: «Fue un proceso exitoso, que fue interrumpido, en violación de la certeza jurídica, por la Medida Provisional 1.394».
Por su parte, el IBJR solicitó una medida cautelar para paralizar la aplicación de la disposición hasta que el Congreso la vote o el STF se pronuncie sobre el fondo. La entidad argumentó que el Gobierno había revertido de manera inmediata una decisión legislativa adoptada después de años de debate y cuestionó la urgencia alegada para justificar el cambio.
El impacto fiscal y las tasas de licencia, en el centro del debate
Anseja, representada por Ana Sofia Signorelli, puso el foco en las consecuencias para las arcas públicas. La entidad situó los ingresos fiscales potencialmente afectados en 12.700 millones de reales o más, una cifra que, según su planteamiento, duplicaría la estimación de la propia medida. También advirtió de posibles reclamaciones de devolución de las tasas de licencia, que podrían alcanzar los 1.600 millones de reales.
El Gobierno defendió, en cambio, la actuación de las autoridades y sostuvo que las operaciones policiales habían alcanzado también a plataformas autorizadas. Asimismo, argumentó que el marco regulatorio no había conseguido garantizar una protección suficiente de la sociedad.
La audiencia concluyó sin que Luiz Fux dictara sentencia ni concediera la suspensión cautelar solicitada. Tampoco se fijó una fecha para resolver el fondo del asunto, por lo que la Medida Provisional 1.394/2026 continúa vigente.
El calendario legislativo añade presión
El debate se traslada ahora al Congreso brasileño. La medida provisional comenzará a bloquear la agenda legislativa el 9 de noviembre y su primer periodo de vigencia de 60 días concluirá el 23 de noviembre. El Gobierno pretende que el texto sea sometido a votación antes del 20 de diciembre.
Hasta entonces, los operadores y las asociaciones del sector mantienen su reclamación ante el Supremo, mientras la continuidad del nuevo marco y el futuro de las licencias permanecen pendientes de la decisión parlamentaria y judicial.
